Patrañas educativas
Por Marcela Isaías / La Capital
En mayo de 2005, el gobernador Jorge Obeid planeaba un congreso pedagógico que tuviera en sus manos la discusión sobre qué educación se quiere para la provincia. Para esa tarea había convocado a la educadora Adriana Puiggrós. La tarea consistía en organizar un llamado multisectorial que tendría como epílogo la sanción de una ley de educación provincial.
La sugerencia de Puiggrós para que el congreso y sus debates resultasen exitosos fue sencilla: “Gobernar la consulta”, y propuso como estrategia inmediata la participación. Nada más acertado si la pretensión era la de conducir el proceso de discusiones a buen puerto.
El cambio de ministra que se dio ese mismo año (de Carola Nin a Adriana Cantero) dejó la buena iniciativa en un cajón.
El año pasado, el debate impulsado por el gobierno nacional para pensar en una nueva norma educativa que derogara la ley federal reavivó la discusión postergada en la provincia. Y, una vez aprobada la ley nacional, el camino quedó obligadamente abierto para diseñar cómo adecuarla a la realidad provincial.
Este año, y cuando ya se hablaba de que el sistema educativo volvería a la primaria y la secundaria, la ministra de Educación Adriana Cantero anunció que “se continuaría” con el proceso de consulta con las escuelas y otros sectores sociales y de la sociedad civil para definir la ley provincial de educación.
Así, habló de que se enviaría a las escuelas un documento con “lineamientos generales” de la pretendida ley, y con una devolución de lo resuelto en las “jornadas de debates realizadas” el año pasado, más una descripción del sistema educativo provincial.
Sin embargo, un equipo conformado —hasta donde se pudo conocer— por los ex subsecretarios de Educación provincial Carlos Cantero y Ricardo Dupuy, y el actual, Víctor Debloc, asumieron desde el gobierno la tarea de empezar a escribir paralelamente el proyecto de ley provincial con sus correspondientes articulados.
Pregunta: ¿para qué van a perder tiempo los docentes debatiendo “lineamientos generales” si la ley se escribe por otro lado? ¿No era más transparente enviar ese borrador a las escuelas?
El lunes pasado, cuando La Capital publicó el borrador del proyecto de ley, la inquietud más insistente que llegó desde distintos despachos oficiales al lugar de trabajo de quien escribe fue: “¿Cómo conseguiste el borrador, que nadie lo tenía?”.
El mismo diario El Litoral en la edición del lunes señalaba que la preocupación central del Ministerio de Educación era conocer “cómo se había filtrado” dicho documento y que la novedad había “caído como un balde de agua fría” en los despachos.
Ayer, en el programa de Nacho Suriani de Radio Dos la ministra Cantero pidió la palabra para replicar sobre los dichos de una colega que se había referido al tema en cuestión.
Llamativamente, y luego de un silencio de tres días, habló de “varios borradores” y al publicado por La Capital lo describió como “un material viejo de trabajo”. Una manera no de negar, pero sí de minimizar el texto difundido periodísticamente.
Pero, como era de esperar, fue por más al criticar que la versión se difundiera de manera completa por la página de internet de este diario, asegurando que “era una gran patraña” y que el medio “se arrogaba la facultad de someter a consulta (el texto) desde una página web”.
En todo caso, y con la mayor humildad, la difusión masiva y completa del borrador debería ser vista como una contribución de este medio al gran debate que desde el Ministerio de Educación se viene anunciando sobre la construcción de la ley provincial de educación. Vale recordar que los medios de comunicación cumplen un papel clave en la vida democrática al hacer valer la información como un derecho esencial de todos los ciudadanos.
El mismo gobierno nacional utilizó la web y los diarios más importantes del país para publicar el borrador de la norma que luego se aprobó en el Congreso nacional. ¿Qué mejor entonces que todos puedan saber qué se proyecta para las escuelas provinciales? ¿Por qué temerle a esa discusión más sincera?
No sorprende para nada —es su estilo— que la ministra haya insistido como si nada pasara en que los documentos que llegarán a las escuelas son los que contienen “lineamientos generales”, además de dos o tres cositas más sobre el sistema educativo.
El argumento es que esto ya fue consultado con los gremios. El problema es que los gremios, según afirman, desconocían este proyecto de ley en detalle, con sus artículos.
La vía elegida por la ministra Cantero para torcer lo que ahora se sabe —que la ley se cocinaba en otro lugar, mientras se pretendía hacer creer que se somete a consulta y debates— es descalificar el trabajo del medio y de quien escribe la nota definiéndolos como “una gran patraña”.
Vale más que nunca recordar lo que hace poquitos días, en una entrevista publicada en este diario, decía el antropólogo Julián Gindin: “La gran lección que dejaron los años 90 es que lo que se consigue contra el magisterio después tiene costos altísimos contra la propia política estatal”.
Podría sumarse que la soberbia tampoco ayuda mucho.
Nota extraída de:
http://www.lacapital.com.ar/2007/08/02/opinion/noticia_407497.shtml
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